Reforma del Sandbox financiero español: ventanilla permanente y nueva línea de financiación del ICO para la innovación. 

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha presentado una profunda reforma del Sandbox financiero, integrada en el Anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero.

Esta actualización busca agilizar el acceso de las empresas a este espacio controlado de pruebas y eliminar barreras para el desarrollo de soluciones en ámbitos críticos.

La reforma introduce cambios operativos y de apoyo financiero diseñados para dinamizar el ecosistema de emprendimiento tecnológico y facilitar la experimentación regulada: ventanilla permanente, reducción de plazos de evaluación, financiación específica del ICO, simplificación administrativa y ampliación del concepto de innovación.

Desde su puesta en marcha en 2021, el Sandbox financiero se ha consolidado como un instrumento vital para la modernización del sector. A través de este entorno seguro, las empresas y centros tecnológicos han podido testar soluciones de vanguardia, permitiendo que la innovación conviva con una regulación financiera robusta y adaptada a la realidad digital.

Los hitos y ámbitos de actuación más relevantes de este mecanismo incluyen:

Balance de participación: el Sandbox ha gestionado un total de 117 proyectos a lo largo de diez cohortes, logrando que más de cuarenta de ellos se validen con éxito en condiciones reales de mercado

Tecnologías disruptivas: las iniciativas abarcan campos estratégicos para el sector IT como el blockchain, la inteligencia artificial, la identificación biométrica y la mejora de la transparencia en los sistemas de negociación

Impacto normativo: la herramienta facilita el aprendizaje de los reguladores para mejorar las normas existentes; gracias a esta experiencia, hoy es posible la representación y negociación de valores mediante tecnologías de registro distribuido.

Nuevas soluciones de mercado: la experimentación ha permitido el éxito de fórmulas innovadoras que previamente carecían de encaje legal, como los nuevos sistemas de ahorro para la jubilación vinculados al consumo.