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Transparencia y cumplimiento: la Unión Europea inicia la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial. 

Desde el pasado 2 de agosto de 2026, la Oficina de IA de la Comisión Europea y las autoridades nacionales han comenzado a aplicar de forma efectiva la Ley de IA.

Este nuevo marco normativo introduce obligaciones estrictas de transparencia para garantizar que los usuarios identifiquen claramente cuándo interactúan con sistemas automatizados o consumen contenidos generados sintéticamente.

El objetivo primordial de estas medidas es reducir los riesgos de engaño y manipulación, facilitando que tanto ciudadanos como empresas puedan adoptar decisiones informadas en el entorno digital.

Identificación de sistemas interactivos: los chatbots y otros sistemas similares deben indicar obligatoriamente que el usuario está tratando con una inteligencia artificial y no con una persona física.

Etiquetado de contenido multimedia: las imágenes, vídeos y audios manipulados o creados con IA, incluyendo los deepfakes, deberán estar debidamente etiquetados e incorporar marcas legibles por máquina para facilitar su detección.

Gobernanza de modelos de propósito general (GPAI): los proveedores de estos modelos deben documentar información técnica, implantar políticas de derechos de autor y publicar resúmenes detallados sobre los datos utilizados para el entrenamiento.

Mecanismos de supervisión y denuncia: se han activado herramientas como la Complaint Tool y la Whistleblower Tool para que particulares y empresas comuniquen presuntas infracciones de forma segura y confidencial.

Reparto de competencias y apoyo científico: la supervisión se divide entre la Oficina de IA, las autoridades nacionales y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, contando con el respaldo de un panel científico de 60 expertos independientes.

La aplicación de la norma también prohíbe prácticas de IA especialmente dañinas, como aquellas que manipulen a las personas o exploten vulnerabilidades de forma perjudicial.

Por último, cabe destacar que el paquete denominado Ómnibus de IA ha aplazado la entrada en vigor de las obligaciones para los sistemas de alto riesgo hasta el 2 de diciembre de 2027, permitiendo un margen adicional para la adecuación técnica del sector.

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